Por Jaime González
La situación por la que atraviesa México en relación a los más elementales derechos de sus habitantes es realmente alarmante. En un informe que fue publicado el 6 de enero pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que desde 1964 se tienen registrados 61 mil casos de personas desaparecidas en México, 90% de los cuales se suscitaron de 2006 en adelante. De ese total, 18 mil corresponden a mujeres, y 11 mil a menores de edad. Al cierre del 2019, 5,184 personas, entre el total de las reportadas ese año como desaparecidas, no habían sido localizadas.
En cuanto a homicidios, conforme a los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de diciembre de 2018 a mayo de 2020 fueron denunciados 53 mil 628 homicidios, de las cuales 5,811 corresponden a mujeres; es decir, once mujeres, en promedio, son asesinadas diariamente en México. Y podríamos seguir con una larga lista de horrores, muchos de los cuales son responsabilidad directa de autoridades a todos los niveles de gobierno. Tenemos un caso notorio de lo anterior en el video difundido el pasado 24 de agosto por el diario El Universal, en el cual se registra una ejecución extrajudicial realizada por elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
No cabe duda que la sociedad mexicana tiene la urgente necesidad de contar con un organismo de defensa de derechos humanos autónomo e independiente. Dicho organismo debe tener la capacidad de investigar, denunciar y pugnar efectivamente por corregir los constantes y dolorosos abusos que realizan múltiples organismos gubernamentales, así como los casos de acoso, violencia, maltrato y homicidio por motivos de género o discriminación que se presentan en la sociedad. Casi sobra decir que un organismo de defensa de derechos humanos también debe tener la capacidad de acompañar y proteger a las víctimas de errores u omisiones graves en la impartición de justicia, así como de intimidaciones, persecuciones y abusos de poder realizados por autoridades o sus cómplices.
Esta necesidad es la que han venido señalando diversas voces y organizaciones de la sociedad, a las cuales nos hemos sumado los miembros de la Liga de Unidad Socialista (LUS).
Sin embargo, desde su fundación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha estado limitada por dos factores, principalmente: primero, porque la ley le permite a este organismo concluir sus investigaciones solamente con informes o recomendaciones, y no existen caminos claros para que dichas recomendaciones puedan convertirse en resoluciones obligatorias cuando el caso lo amerite; segundo, porque ha estado sujeta a presiones, manipulaciones e intromisiones del gobierno en turno. En general, las cabezas directivas de la CNDH han sido percibidas como funcionarios sumisos ante el poder presidencial.
Pero a pesar de sus limitaciones, durante su existencia la CNDH sí ha llegado a contradecir a las autoridades policíacas, judiciales y militares de manera pública y contundente, como ocurrió en el caso de la matanza perpetrada por el ejército en un poblado del municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. En aquella ocasión, la investigación de la CNDH reveló que elementos del ejército habían hecho un montaje en la escena del crimen, para ocultar el hecho que habían ejecutado entre 12 y 15 personas que se habían rendido después de un enfrentamiento con los militares. Como pocas veces ha ocurrido en México, la sociedad se pudo enterar de la verdad al respecto de un crimen de estado. Desafortunadamente, tal como lo ha ha venido denunciando el Centro Prodh, los procedimientos judiciales sobre el caso Tlatlaya se han quedado cortos, o bien han desembocado nuevamente en la impunidad.
La propuesta de AMLO a la CNDH
En noviembre del 2019, Rosario Piedra Ibarra fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador para que el Senado de la República la nombrara como Presidenta de la CNDH. AMLO pasó por alto el hecho de que, hasta poco antes de ser postulada, Piedra Ibarra ostentaba un cargo en el Consejo Nacional de MORENA. La ley que rige a la CNDH especifica lo siguiente como requisito para ocupar la presidencia de dicho organismo: “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.” Tras una votación que ha sido muy cuestionada, la mayoría de MORENA y sus aliados en el Senado impusieron la propuesta de AMLO.
Tras su toma de protesta como nueva Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra declaró que iba a demostrar con hechos que no iba a estar al servicio de AMLO. Sin embargo, ante una pregunta de los representantes de los medios en torno a los asesinatos de periodistas, respondió con la pregunta “¿Han asesinado a periodistas? O sea, no”. Le tuvieron que recordar que desde diciembre del 2018 habían ocurrido cinco asesinatos directamente relacionados con la actividad de las víctimas como periodistas. También le recordaron que México es uno de los países donde es más peligroso ejercer el periodismo.
No sólo ha habido inconformidad de parte de los partidos de oposición en el Senado, los cuales objetaron la cercanía de Piedra Ibarra con AMLO: también la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) para México, Tania Reneam Panszi, hizo declaraciones contundentes sobre el proceso de elección de Piedra Ibarra, ya que consideró que dicho proceso desarticulaba y debilitaba no sólo a la CNDH, sino que debilitaba también a que acababa de ser nombrada presidenta de dicha comisión.
Hoy, la certeza del diagnóstico anunciado por la directora ejecutiva de AI está más allá de cualquier duda. En su edición del 27 de junio del 2020, un artículo de la revisa Proceso, titulado “La CNDH, una simple oficialía de partes”, dejó muy en claro cuál era la situación:
"La CNDH se creó hace 30 años, un 6 de junio, para defender derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades de los tres niveles, pero desde la gestión de Luis Raúl González se observa un abandono institucional que se ha acentuado en los siete últimos meses de gestión de Rosario Piedra Ibarra, comentan activistas a Proceso. Llevan dos años pidiendo a la institución que emita una recomendación sobre 39 desaparecidos y no obtienen respuesta de la ombudsperson, quien se preocupa más por la austeridad republicana.”
La renuncia de dos visitadores
La magnitud de la crisis que se venía gestando al interior de la CNDH quedó revelada el 31 de agosto, cuando presentaron su renuncia José Martínez Cruz y Edgard Sánchez Ramírez, quienes estaban al frente de la primera y de la sexta visitadurías. Ambos son dirigentes centrales del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y durante muchos años habían jugado papeles destacados en la lucha por los derechos humanos, especialmente en el trabajo conjunto que realizaron con el Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra.
En declaraciones al programa informativo Aristegui en vivo, realizadas el primero de septiembre, así como en su carta de renuncia que fue publicada en la versión por Internet del mencionado programa, José Martínez Cruz manifestó que, desafortunadamente, en los hechos no se había podido lograr una CNDH al servicio de las víctimas, y que existe una subordinación ante el gobierno. Insistió también en que existen varias recomendaciones que han sido aprobadas, pero que no han sido dadas a conocer.
Por su parte, Edgard Sánchez se explayó en una entrevista que le hizo Proceso, y que apareció en la edición del 13 de septiembre de dicha revista, como parte destacada de un artículo titulado “Rosario Piedra y el lastre de su cercanía con el poder”. Al igual que Martínez Cruz, Sánchez hace hincapié en que Rosario Piedra no cumplió con mantener una independencia del gobierno, y que “está absorbida por el ámbito del poder del aparato estatal, en el que se perdió la sensibilidad que tenía en el movimiento”.
Otra veta de diferencias de Martínez Cruz y Sánchez Ramírez con Piedra Ibarra fue el creciente papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, mismo que ha sido formalizado por AMLO en el acuerdo que publicó el 11 de mayo.
Por lo demás, consideramos que los agradecimientos a Piedra Ibarra que expresan ambos dirigentes en sus cartas de renuncia obligada, así como el tono en el cual están escritas, dan más bien la impresión que deseaban mantener algún puente con la presidenta de la CNDH pues no se percibe en ellas que sus autores sean conscientes del enorme desacierto en que incurrieron.
Reiterando así el desacierto general de su protagonismo en todo el desarrollo de este conflicto que ocupó las primeras páginas de los diarios y los prime time de los medios electrónicos durante varios días. En efecto, la cuestión surgió meses antes, desde el momento mismo en que estos dos dirigentes históricos del PRT, la Sección Mexicana de la Cuarta Internacional, aceptaron ser parte de este aparato que de facto opera como parte del estado burgués mexicano.
Era de esperarse este conflicto por lo que todo indica que su decisión de incorporarse a la CNDH se hizo como una decisión particular sin tener en cuenta sus consecuencias tanto en el propio PRT como en las demás organizaciones que son también “fraternales de la Cuarta Internacional” (como nuestra Liga de Unidad Socialista, LUS). Nosotros nos opusimos a esta colaboración de dirigentes de una organización revolucionaria con un aparato que, insistimos, de facto ha operado como subordinado al poder ejecutivo del gobierno. Así se lo hicimos saber a ellos y a sus camaradas tanto al nivel nacional como internacional en una misiva en la que les urgíamos a que renunciaran a las visitadurías semanas antes que la presidenta Rosario Piedra los despidiera y los acusara de “traidores”.
Para usar las mismas palabras pronunciadas por Edgard Sánchez en la entrevista con Proceso, él y José Martínez pretendían dar “un barniz de izquierda al intento de la CNDH de ser independiente”. ¿Por qué aceptaron jugar entonces el papel de simple “barniz”, cuando la trayectoria del gobierno de la 4T ha sido tan obvia, así como también lo ha sido la cercanía de Piedra Ibarra con AMLO? Aún antes de su tristemente célebre negación de que durante el actual periodo presidencial no había habido asesinatos de periodistas, debía ser claro que Piedra Ibarra no iba a contribuir a fortalecer ni la independencia, ni la autonomía de la CNDH. En la mencionada entrevista con Proceso, Edgard Sánchez explica claramente el proceso de transformación de Piedra Ibarra desde 2012, cuando se unió a la fundación de MORENA. Tanto más inconsistente e inconsecuente entonces su decisión y la de su camarada José Martínez de aceptar ser sus colaboradores en la CNDH.
Por lo que toca a la respuesta de Piedra Ibarra a las cartas de “renuncia obligada” de los dos dirigentes, no podía esperarse sino lo que fue: torpe e insultante, al tachar a ambos de traicionar “la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas... al no existir un compromiso con su función y en los nulos resultados de su trabajo”. Los argumentos que aporta se refieren a falta de compromiso con el trabajo, si es que hubo tal cosa, más no a algo que tenga que ver con el concepto de “traición”. ¿Cómo es posible que una presidenta de la CNDH esté utilizando el lenguaje de los tiranos y de sus esbirros? Es preocupante el hecho que, de manera creciente, las cabezas de la autoproclamada Cuarta Transformación (4T) estén recurriendo cada vez al abominable concepto de considerar como enemigos a quienes presentan críticas, así como a quienes no están de acuerdo con ellas.
Con una relación tan estrecha entre AMLO y su presidenta, la CNDH no puede cumplir su papel de organismo constitucional autónomo: la creciente militarización del país, los lazos cada vez más estrechos de la presidencia con las fuerzas armadas, el rechazo de AMLO al feminismo y su desdén por la gravedad del feminicidio en México, su sumisión ante la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, sus ataques contra periodistas y medios que critican su gestión, y tantos hechos más que podemos sumar a los anteriores, muestran el rumbo que ha emprendido el gobierno mexicano. En medio de la crisis de proporciones mayúsculas que se ha abierto en nuestro país, el gobierno de la 4T está mostrando cada vez menor tolerancia por la crítica y por la denuncia.
La ocupación de la CNDH
Pero los conflictos alrededor de la CNDH no se agotaron con los despidos de los visitadores dirigentes del PRT. Un grupo de víctimas de diversos abusos había tomado desde principios de septiembre la sede de la CNDH que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por ejemplo, Silvia Castillo Hernández, una de las participantes de la ocupación, es madre de Alan Ibarra Castillo, quien fue asesinado en 2019 en San Luis Potosí. Las autoridades locales no han cumplido con la debida investigación, y el caso sigue impune. En la ocupación también participaron madres y padres de menores que han sido abusados sexualmente, así como otros casos representativos de las graves fallas que padece el proceso de impartición de justicia en México.
La ocupación fue encabezada por el Frente Nacional Ni Una Menos, el cual declaró a través de sus voceras que no desocuparían las instalaciones hasta que sus demandas de atención fueran satisfechas. Esta acción confirmó lo que han venido denunciando otras víctimas, así como organizaciones por la defensa de los derechos humanos como el Centro Prodh; es decir, que la CNDH no ha venido cumpliendo el papel que tiene encomendado.
El 21 de septiembre se presentó otra sorprendente confirmación de las deficiencias y fallas que venimos exponiendo: el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Rafael Luis Lustre, declaró ante los medios que, bajo la dirección de Piedra Ibarra, en la CNDH “no hay empatía, investigación ni seriedad”.
Tres días antes, el 18 de septiembre, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atendió a representantes del Frente Nacional Ni Una Menos, y se comprometió a brindar el acompañamiento que necesitan las víctimas, pero advirtió que la solución de los casos presentados son competencia de instancias de justicia autónomas, como lo son los ministerios públicos locales. Las víctimas y sus familiares aceptaron la propuesta de Sánchez Cordero, aunque hicieron claro que sus casos aún no están resueltos.
Dos días antes, el 16 de septiembre, se suscitó una división entre las organizaciones que ocupaban la sede de la CNDH en el Centro Histórico. Feministas del Bloque Negro que se habían sumado a la toma precipitaron una ruptura con el Frente Ni Una Menos, debido a que se rehusaban a que familiares masculinos pudieran permanecer en el edificio. Esta división, bajo un ambiente de recriminaciones mutuas, lamentablemente debilita al movimiento. Familiares y víctimas agrupados en Ni Una Menos han abandonado la toma, y seguirán el camino ofrecido por Sánchez Cordero.
Así pues la conclusión es ineludible: la CNDH está seriamente debilitada, en momentos en los que el gobierno de AMLO viene realizando una serie de acciones –especialmente en lo que respecta a la militarización de la seguridad pública– que exigen una respuesta vigorosa de la sociedad. Si la CNDH no es rescatada de su actual debilidad y degradación, sólo le espera una larga agonía. Quienes estamos comprometidos a defender los derechos humanos tenemos el deber de hacer lo posible por evitarlo.
Ciudad de México, Septiembre del 2020
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