Por Ismael Contreras*
La irrupción de movilizaciones
masivas y combativas a raíz del histórico plebiscito electoral chileno,
efectuado el 25 de octubre pasado, a través del cual una inmensa mayoría aprobó
cambiar la Constitución vigente de 1980, un legado de la dictadura de Pinochet,
el triunfo electoral el 3 de noviembre
de Luis Arce candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y
la crisis política en Perú, muestra que en la situación prevaleciente en los
pueblos de América Latina, a pesar de tropiezos y a veces fracasos evidentes,
no desfallecen en su resistencia a los planes neoliberales capitalistas y su
lucha por una sociedad democrática e igualitaria
Chile
En octubre del año pasado, Chile
presenció las movilizaciones masivas más importantes en las últimas décadas,
mismas que pusieron el jaque al gobierno chileno de Piñera. Esto a partir de
que el presidente anunció el aumento de 30 pesos al pasaje del metro, lo que
ocasionó una rebelión de estudiantes secundarios que, desafiando a los
carabineros, empezaron a saltarse multitudinariamente los torniquetes del
metro. La respuesta represiva de las autoridades a los jóvenes fue contundente,
provocando una enorme indignación en la población. Amplios sectores de la
ciudadanía se sumaron a las protestas y empezaron a llenar las calles Santiago
y de las principales ciudades de Chile.
El gobierno de Piñera, en lugar
de dar marcha atrás en sus propósitos de aumentar el pasaje del metro, haciendo
alarde de prepotencia, reforzó la orden de reprimir a los manifestantes y
estableció la ley de seguridad del Estado; lo que significaba el establecimiento,
en los hechos, de un estado de sitio. Esto terminó incendiando aún más los
ánimos de la población, por lo que la espiral de inconformidad aumentó.
Al calor de las grandes
movilizaciones y con la inconformidad política en aumento, el nivel de
conciencia de los jóvenes, mujeres y ciudadanos en general, dio un giro. Se
empezaron a escuchar en las manifestaciones consignas con un fuerte tinte
antineoliberal, antisistema: “ ¡No son treinta pesos, son treinta años!” Fue el
grito que se convirtió en un símbolo en las manifestaciones; otras consignas
fueron todavía más políticas: ¡Por una Asamblea constituyente! y ¡Fuera Piñera!
Periodistas del sistema,
pronunciándose en contra de las manifestaciones, agresivamente contestaban con
la pregunta: “¿Treinta años de qué?” La respuesta la dio el pueblo chileno en
las calles: treinta años de desigualdad, treinta años de opresión. treinta años
de mercantilizar la educación, la salud, las jubilaciones, era lo que se
escuchaba durante las manifestaciones. De pronto todo fue cuestionado por la
ciudadanía: las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuotas de las
autopistas, el monto del salario mínimo, la corrupción, la violación
sistemática de los derechos humanos. Eran los treinta años de políticas de
desigualdad económica, de favorecer a los empresarios. Treinta años que
llevaron al hartazgo de la población con el sistema político derivado de la
dictadura militar de Augusto Pinochet.
Dicho hartazgo llevó a la formación de un organismo donde se centralizaron las manifestaciones de protesta, llamado Unidad Social, que reunió a más de 150 agrupaciones sociales, de estudiantes, de maestros, de trabajadores, de mineros, junto con la Central Unitaria de los Trabajadores entre otros sindicatos. Esta última agrupación llamó a una huelga general, que estalló el 12 de noviembre. Cabe señalar que los sectores de base fueron los más entusiastas en impulsar la huelga y la impusieron pese a la oposición de muchos dirigentes sindicales; quienes, por el temor de ser rebasados por los trabajadores, no les quedó más remedio que sumarse a la huelga y hacer llamados demagógicos para irse al paró. El éxito de la huelga fue tan grande que aisló todavía más al presidente Piñera, al grado en que se empezó a rumorar que en cualquier momento caería. En esos momentos la clase dominante estaba totalmente paralizada. Sin embargo, los dirigentes de los partidos del sistema y la élite política, todos ellos de una u otra manera ligados al régimen, salieron en auxilio de Piñera y evitaron su caída. Llegaron a un acuerdo, con el que lograron contener la movilización callejera. Este acuerdo consistía en la convocatoria a un plebiscito para cambiar la constitución, además de castigar a los responsables de la represión. Demandas que eran fuertemente sentidas por todos los sectores populares participantes en las movilizaciones.
A los diputados y dirigentes de
los partidos políticos les urgía que los inconformes dejaran de manifestarse en
las calles, por lo cual el acuerdo también llamaba al establecimiento de la paz
y el orden público y el respeto a los derechos humanos.
Podemos afirmar, que la
experiencia política de los dirigentes de los partidos del régimen y de la
clase gobernante, les hizo actuar y anunciar las medidas señaladas en el pacto;
ya que en realidad a lo que ellos apostaban era al cansancio de la población y
con eso ganar tiempo, para posicionarse mejor y desviar las movilizaciones
populares. Y eso estaba claro cuando se proponía que el plebiscito se
realizaría en abril y con una serie de candados.
La llegada de la covid-19 fue
otra justificación para que Piñera le apostara a que la pandemia, evitaría la
realización del plebiscito, debido al confinamiento. Pero a pesar de todo la
radicalización de la población no menguó, y en múltiples ocasiones retomó las
calles de manera tumultuaria, para exigir que el plebiscito se realizara antes
de abril. Los jóvenes, las mujeres y los trabajadores no se amedrentaron,
siguieron manifestándose de manera tumultuaria, hasta que Piñera no tuvo otra
alternativa que realizar la consulta plebiscitaria.
La derrota de Piñera y de la
clase gobernante en el plebiscito de octubre, fue contundente, pues la
aprobación en favor de una nueva Constitución superó el 78 por ciento. Además
los chilenos votaron por la realización de una convención
constituyente, la cual se
conformará por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por el voto popular.
Esto en contra de las pretensiones de Piñera y la clase gobernante que querían
que la asamblea constituyente se conformara por diputados y personalidades del
régimen.
Los sectores inconformes no deben
bajar la guardia y continuar con la lucha por la organización desde las bases.
A partir de los barrios, colonias, sindicatos, agrupaciones juveniles y
feministas. El sentir de muchos chilenos es que no hay que abandonar la calle,
ya que la movilización es el centro de poder de la ciudadanía y el laboratorio
donde se están preparando las condiciones para una constituyente que tire
definitivamente el sistema capitalista y abra las puertas para un gobierno de
los trabajadores, los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.
La
destitución del Presidente Luis Vizcarra desestabiliza a Perú
De la misma manera que en Chile y
Bolivia en Perú, a raíz de que el congreso destituyó, por corrupción, al
presidente Martín Vizcarra y colocó en su lugar a Manuel Merino, detonó una
profunda crisis política, pues se desataron masivas protestas que culminaron
con dos muertos y una gran cantidad de heridos, producto de una fuerte
represión. Igualmente, como en Chile, la represión ocasionó que aumentara la
inconformidad. Ciertamente, en estos días se han dado las manifestaciones más
grandes en la historia del país. Los jóvenes, mujeres y trabajadores en la
calle, dieron un enorme paso en su conciencia política, pues los manifestantes
empezaron a corear: “Ni Vizcarra, ni Merino”, lo que se puede interpretar como
la consigna argentina de 2001: “que se vayan todos”. Además, siguiendo los
pasos de sus hermanos chilenos, empezaron a agitar la consigna: por una
asamblea constituyente. En las manifestaciones se oían los gritos: “Urgente,
urgente, urgente, asamblea constituyente”, “Merino, escucha, el pueblo te
repudia”, “ Va a caer, Merino va a caer”. Esto muestra el hartazgo al que han
llegado las clases populares y la profunda desconfianza en los políticos
tradicionales y los partidos políticos de la clase en el poder.
La descomposición política de la clase
gobernante, ligada a la corrupción, promovida principalmente por la empresa
brasileña Odebrecht, fue el escándalo de varios lustros. Con contratos que
representaban ganancias extraordinarias fueron firmados por todos los
presidentes a partir de 1979 empezando con Alberto Fujimori: Alán García (quien
se suicidó cuando iba a ser detenido), Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pablo
Kucynski y Martín Vizcarra , est último por sobornos recibidos por
constructoras peruanas. Tras dos días de manifestaciones y enfrentamientos en
su contra Merino se vio obligadoa presentar su renuncia. Días después fue
nombrado Francisco Sagasti, como nuevo presidente.
Sagasti es un político de centro
derecha, si bien es cierto que tiene poco tiempo participando en puestos de
elección popular, pues apenas hace cuatro años trató de ser candidato al
parlamento, pero por problemas en su partido no se pudo registrar y es
hasta enero de éste año en que
por primera vez logra un puesto de elección popular, como diputado o
congresista. Sin embargo, Sagasti no es una persona improvisada, ya que durante
décadas ha estado ligado a empresas de consultoría y ha sido asesor de varios
funcionarios de primer nivel de gobierno. Así es que tiene nexos con el mundo
empresarial y con una multitud de políticos tradicionales. Por ello, la clase
en el poder le apostó a que Sagasti pues la ciudadanía no lo identifica con los
políticos corruptos tradicionales. Además con su experiencia como mediador y
asesor empresarial, se espera que sea la bisagra que, en el tiempo que va a
gobernar como presidente interino, siente las bases para la estabilización del
país.
Sin embargo, desde está líneas
podemos decir que Sagasti no tiene los recursos para resolver la crisis
económica y la inestabilidad política del Perú debido a que trata de una crisis
estructural. Debido la pandemia, se prevé que la caída del Producto Interno
Bruto será mayor al 12% y se espera la pérdida de más de tres millones de
empleos, lo que generará una mayor economía informal, que llegará a más del 80
por ciento.Por eso, podemos concluir que en Perú, así como en toda América
Latina la única salida a la crisis que actualmente enfrenta este país andino es
el establecimiento de una Asamblea Constituyente que siente las bases para la
formación de un gobierno de los trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes y
pueblos originarios.
Fuego en el parlamento de Guatemala
Como es usual, la clase
gobernante frecuentemente actúa de manera oscura y a espaldas de los
ciudadanos, Guatemala no es la excepción, pues en la madrugada del 17 de
noviembre, el parlamento guatemalteco aprobó el presupuesto para el próximo año
(sin que todos los congresistas tuvieran conocimiento del documento). El cual
fue uno de los más altos de la historia del país, pero incluía amplios recortes
a la salud y la educación. El presupuesto incluía, además, disminuciones en
ayuda social y en la lucha contra la desnutrición. También se escatimaban
recursos para la causa de los derechos humanos. En contraparte, el presupuesto
contemplaba el aumento en alimentos a los diputados y la compra de vehículos.
Este presupuesto fue explosivo para el
gobierno ya que, en cuanto se dio a conocer inmediatamente desató la
inconformidad de la ciudadanía, misma que tomó las calles de la Ciudad de
Guatemala repudiando la política económica del gobierno de Alejandro
Giammattei. Además de lo anterior, como es práctica común en los países
latinoamericanos, las denuncias contra la galopante corrupción y la falta de
rendición de cuentas, atizó la protesta social. Los recientes escándalos de
corrupción perpetrados por el exministro de Comunicaciones, José Benito, pues
se encontraron en una de sus propiedades poco más de 4 millones 700 mil
dólares, además de 100 mil euros, todo ello, en efectivo. A esto hay que
sumarle la corrupción denunciada en el Ministerio de Salud y de Cultura. Todo
esto llevó a que la indignación a la población se elevará muchos grados y en
masa multitudes salieron a protestar y como es costumbre, las fuerzas armadas
reprimieron salvajemente a los manifestantes. El aumento de la indignación de
los inconformes llegó a tal punto que incendiaron la sede del Congreso. Y los
gritos de: “Fuera, fuera” y “Sí se puede” exigían la dimisión del presidente y
el retiro del presupuesto. La inconformidad abre una enorme crisis política en
el gobierno y ante su negativa a renunciar y la debilidad política que muestra
Alejandro Giammattei, éste se ve obligado a pedir apoyo a Luis Almagro,
secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Con estas movilizaciones los trabajadores e
indígenas guatemaltecos se ponen en sintonía con las masas de Chile, Perú,
Bolivia, Colombia y Ecuador que han decidido enfrentar los planes neoliberales
capitalistas y con pequeñas diferencias están exigiendo un cambio de modelo
económico que responda a los grandes problemas nacionales que enfrentan las
clases explotadas y oprimidas. Hoy más que nunca se pone en evidencia la
necesidad de la solidaridad de todos los pueblos de América latina y la
actualidad de poner en la agenda la lucha por el establecimiento de la
formación y unión de repúblicas socialistas del subcontinente.
*[Fragmento de un artículo del
boletín de diciembre en línea de la Liga de Unidad Socialista (LUS)]
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