Por Jesús Valdez
El 22 de diciembre de 2019 el canal de televisión por internet ROMPEVIENTO TV [1], realizó una interesante entrevista a Violeta Núñez, profesora-investigadora de la UAM Xochimilco, de la cual a continuación se rescatan algunos de los puntos más interesantes con observaciones propias.
-En primer lugar, nos lleva a
preguntamos ¿que entendemos por progreso? ¿para quién?, desarrollo ¿para quién? y
bienestar ¿para quién?
-Que el Tren Maya no será solo de
pasaje y turismo, sino también de carga (están proyectados 1460 km). Esto
último resalta debido a las grandes cantidades de mercancías que se transportan
en el sureste, sobre todo la extracción de oro, plata y maderas preciosas.
-Con este proyecto se tiene
pensado incrementar el turismo en 4 millones de visitantes por año y la
creación de 18 estaciones de tren y por ende 18 nuevas ciudades que requerirán
de enormes cantidades de agua, generarán desechos en un área estratégica para
el equilibrio ambiental no sólo en nuestro país, sino en el mundo.
–Se realizó la consulta sin tener un proyecto ni
tampoco una manifestación de impacto ambiental/social.
-Para el Tren Maya y el corredor
transístmico (Tren Interoceánico) estaba proyectado un 90% de inversión privada y 10% de inversión
pública. Para la IP estaban perfiladas empresas españolas,
chinas, italianas, estadounidenses y francesas. Esta propuesta fue presentada
en el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, después de recibir múltiples
críticas, el gobierno federal presentó una segunda propuesta donde redujo a 40%-30% la inversión privada;
aumentando a un 60-70% la inversión pública.
Existe una tercera propuesta, que
consiste en que la totalidad del proyecto sea financiado del erario público, la
cantidad invertida sería de 150
mil millones de pesos, sin embargo, esta apuesta es irreal,
pues tan solo en el año 2019, se destinaron 4 mil 908 millones de pesos (3.2%
del total requerido) y en 2020 se redujo a 2 mil 500 mdp (1.6% del total
requerido), a este ritmo el tren tardaría 60 años en ser construido. Al ser
evidente que las cifras no cuadran, López Obrador declaró el último fin de
semana de diciembre que el dinero faltante se obtendrá de los impuestos al
turismo, que anualmente ascienden a 8 mil mdp (5.3% del total requerido),
sumando ambas inversiones, el tren se construiría en 14 años. Sin la presencia
del capital privado, AMLO no podría llevar adelante el proyecto maestro de su
sexenio. Haciendo cuentas, hasta enero de 2020, el gobierno federal sólo
aportaría el 4.8% del proyecto que sumado a los 8 mil mdp ascendería a un
10.1%, ¿esto es una coincidencia?, creo que no y más allá de ello, considero
que la apuesta del gobierno de AMLO va más por la primera propuesta (90% de
inversión privada y 10% de inversión estatal).
–Para sustentar jurídicamente la construcción del Tren Maya, el
gobierno de AMLO se ampara en la Ley de Asociaciones Público-Privadas (aprobada
durante el sexenio de Felipe Calderón en 2012) que a la letra dice: [Art. 76.
“Son de utilidad pública… la adquisición de inmuebles, bienes y derechos
necesarios para la realización de un proyecto de asociación público-privada”.]
[Art. 80. La expropiación… procederá después… de la declaración de utilidad
pública]. La “utilidad pública” es una figura que tiene prioridad por encima de
cualquier otra activad económica. La citada ley abre la puerta para la
“asociación público-privada”, en esto se basaba la primera propuesta que le
daba el 90% de participación a la IP. Todo lo anterior por supuesto, no fue sometido a consulta.
–Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se expropió la red
nacional de ferrocarriles a las empresas privadas que las
controlaban, así fue hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, que, apoyándose en la
reforma al artículo 27 Constitucional durante el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari, expide la Ley Minera, y la Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario
(Zedillo, 1995), que a la letra dice: [Art. 25. “Es de utilidad pública la
construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas. La Secretaría…
efectuará la compraventa o…, la expropiación de los terrenos… necesarios para
construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas”] Además de que
abre el paso a la privatización de los ferrocarriles. Hoy por hoy, FERROMEX,
una empresa de Grupo México tiene “concesionados” 10 mil kilómetros de las vías
férreas en nuestro país.
-Dado que la concesión para
construir el Tren Maya la tendrá el gobierno federal, este amparándose en la
Ley de Asociaciones Público-Privadas, abre la oportunidad para la operación del
tren a la IP, a finales de diciembre, FONATUR anunció que Grupo México fue el primero en alzar la mano
para participar en el proyecto. Grupo México es propiedad
nada menos que del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea. Otros de
los que han manifestado sus intenciones en el reparto del pastel anteriormente
son nada menos Carlos Slim y Jorge Hank Rhon (hijo del jerarca del Grupo
Atlacomulco) y Ricardo Salinas Pliego [2], dueño de Televisión Azteca.
-A través de una consulta en
CompraNet [3], se sabe que, para la construcción y operación del Tren Maya, se
tienen 92 adjudicaciones directas que da el gobierno federal, 5 licitaciones
públicas y que en total se han entregado ya 69 contratos a empresas privadas y
28 a personas físicas.
–Juego de Llaves S.A. de C.V., es una empresa
que aparece entre los 4 principales proveedores o contratistas del Tren Maya,
en la descripción del contrato, aparece la -Caravana Informativa “El Tren que
nos une”-. Dicha caravana realizó un recorrido promocionando la construcción del Tren Maya
en la península de Yucatán, con la novedad que una empresa privada (El Juego de
Llaves SA) llevaba a su paso todos los programas sociales del gobierno federal como
“Jóvenes construyendo el futuro”, “sembrando vida”, el programa para adultos
mayores; algo muy parecido a las viejas prácticas corporativas y clientelares del PRI.
Resulta llamativo el cinismo de Adelfo Regino Montes [4] que en fechas
recientes anuncia que los pueblos de la región por unanimidad están con el Tren
Maya.
-Destaca que en el proyecto del
TM el rubro de – Incorporación
de ejidatarios y pequeños productores como “socios” mediante “fibras”
financieras -. Desde hace varios meses Rogelio Jiménez
Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento Turístico (FONATUR), se venía
ufanando que sería la primera vez en la historia de este país, que no se
expropiará a ejidatarios para la implementación de un megaproyecto, a cambio,
el gobierno federal viene presentando la alternativa de que los ejidatarios
cedan su tierra y aparezcan como “socios” a través de Fideicomisos para
Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS). Dicha figura financiera, convierte
las tierras en acciones en el mercado de valores, con lo cual la renta de la
tierra es variable, con lo cual el “capital invertido” no es recuperable.
Ocurre que en el mercado de valores, durante las grandes tormentas
capitalistas, dichas acciones son sujeto de venta, adquisición, traspaso, o
incluso la pérdida total.
-Lo anterior cumple con el sueño dorado de Carlos Salinas de Gortari,
que durante su sexenio y la reforma al Art. 27., y la reforma a la Ley Agraria,
las tierras comunales y ejidales, pueden pasar al “dominio pleno”, es decir
privatizarse. Se tendría que llevar a cabo los procedimientos legales para el
enajenamiento de la tierra del ejido.
Comentarios finales y
conclusiones
Es emblemático el ejemplo de
Bacalar, Quintana Roo; donde Luis Chimal Balam, presidente del Comisariado de
Bienes Ejidales, aclara acerca de las llamadas FIBRAS que: “Solicitaron seis
hectáreas para que se haga la estación, y ya cambiaron, quieren alrededor mil
hectáreas, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. En las asambleas no hay
autorización de que vendan a ningún empresario” (…) “Ellos siguen con su fibra,
pero no nos conviene porque ellos van a un plazo muy elevado, 50, 80 años, lo
que más estamos inconformes es que ellos dicen que en el momento de entregar la
tierra, ellos son los que lo van a manejar, ellos van a invertir y de acuerdo
como se vayan dando las ventas, nos van a ir apoyando de ello, no se fía nada”.
En septiembre de 2019, justo en
los meses que la FONATUR estaba anunciando estridente los supuestos
“beneficios” de las FIBRAS financieras, la Reserva Federal de Estados UNIDOS
(FED por sus siglas en inglés) inyectó nada menos que 53 mil 200 millones de
dólares a los principales bancos que dominan Wall Street al quedarse estos sin
dinero en efectivo y ahogados en un mar de deudas, esto ocurrió el día 17, los
días 18-20 de septiembre repitieron la misma jugada por un monto diario de 75
mil mdd y aplicó la misma receta los días 23 y 24.
Reconocidos analistas como Eric
Toussaint recuerdan eventos muy similares en septiembre de 2008, cuando los
grandes bancos en plena crisis, ya tambaleantes cancelaron los préstamos
interbancarios (situación que provocó la quiebra de Lehman Brothers) y tuvieron
que recurrir a los bancos centrales. A partir de entonces y hasta 2011, la FED
inyectó liquidez a los grandes bancos de EU en primer lugar, y en segundo a los
bancos de la Unión Europea. A este respecto, Miguel Boggiano, otro reconocido
analista piensa que “Algo grande está pasando en EEUU. Y puede que tenga peores
consecuencias a las sufridas durante la última crisis mundial. El mercado de
crédito de corto plazo viene sufriendo sobresaltos desde septiembre y la
Reserva Federal está usando toda su artillería para contener la
situación.” Recordemos que, durante la primera oleada de la más grande
crisis capitalista en la historia, al colapsar el sector inmobiliario y
bancario, también se produjo un colosal crack en la bolsa de valores, la
pregunta que me surge es que tan cierta es la “idea millonaria” de la FONATUR
de meter las tierras ejidales ya privatizadas a la bolsa de valores cuando se
escuchan fuertes relámpagos de una nueva tormenta capitalista. Aún suponiendo
que esto no ocurrirá (lo cual es poco probable), el impacto ambiental tiende a
ser catastrófico y sus consecuencias serán de largo alcance.
¿Táctica o estrategia? Allá
ellos, por nuestra cuenta, acá abajo debemos tener la propia.
Notas y referencias
[3] CompraNet. Sistema público de
información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y
servicios, así como obras públicas, y servicios relacionados con las mismas.
[4] Hubo consenso unánime por el
Tren Maya: INPI
* Este texto apareció en Carabina 30-30 en enero de 2020
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