Desde el 2013 en que el gobierno aprobó las reformas
estructurales, en especial la Reforma Energética, las medidas contra los
trabajadores de la energía se han profundizado. El objetivo de estas reformas
es privatizar las empresas CFE y PEMEX, para entregarlas a los empresarios
nacionales y extranjeros. A la par, también se aprobó la Reforma Laboral, que
legalizó la contratación de mano de obra por medio de outsourcing, aumentó las
jornadas laborales, flexibilizó los despidos y aumentó los años necesarios para
obtener la jubilación.
En el caso de los trabajadores petroleros en los
últimos dos años PEMEX ha cesado a 10 mil 533 trabajadores, cancelado plazas,
dejando en la calle a miles de transitorios, y contratado, bajo contratos
precarios y temporales, a cientos de trabajadores. Además, ha intentado
cancelar las pensiones para viudas y aumentado la edad para obtener la
jubilación. Por otra parte, la política de PEMEX ha sido boicotear
conscientemente la producción petrolera y de los complejos petroquímicos para
justificar la privatización y el despido de miles de trabajadores.
Recientemente, en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, Ver., en su mayoría
propiedad de la trasnacional Mexichem, los trabajadores subcontratados, los
cuales no están sindicalizados en el STPRM, fueron obligados a trabajar bajo
condiciones peligrosas, lo que derivó en la explosión en la que murieron más de
20 trabajadores y otros muchos resultaron heridos de gravedad. Este asesinato
industrial perpetrado contra los trabajadores petroleros es consecuencia
directa de las reformas energética y laboral. En poco tiempo, si los
trabajadores no se organizan para luchar, miles más serán echados a la calle.
El caso de los electricistas es similar al petrolero,
la privatización de CFE está en puerta. En la ciudad de México, ya desde 2009,
con la extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada por el ex presidente
Felipe Calderón Hinojosa, más de 44 mil electricistas fueron echados a la
calle, mientras que la empresa paraestatal fue entregada a las empresas
contratistas que ahora se encargan de la producción, mantenimiento y
distribución del servicio eléctrico. En
dichas empresas, los trabajadores laboran sin el equipo necesario, con
contratos precarios y sin seguridad laboral.
Con la llegada de la reforma energética, el secretario
de trabajo pidió en 2014 a los sindicatos de petroleros y electricistas,
flexibilizar o renunciar a sus contratos colectivos de trabajo, dicho de otro
modo, las exigencias de las empresas privadas nacionales y extranjeras exigen
mano de obra barata. En mayo de 2016, en plena ebullición del movimiento
magisterial en el sureste, el Sindicato Único de Trabajadores de la República
Mexicana (SUTERM) realizó la revisión de contrato colectivo, donde el gobierno
se compromete a no despedir personal, pero sí decidió recortar 5 mil millones
de pesos que van a asfixiar la industria eléctrica. En el mismo tenor, en
febrero de 2016 la Secretaría de Hacienda anunció un recorte presupuestal de 32
mil millones de pesos.
Este es el momento para que los trabajadores de la
energía del Estado de Oaxaca se unan al magisterio democrático para luchar por
sus fuentes de empleo y sus derechos laborales. Es urgente crear nuevas
organizaciones para luchar. Es importante pelear contra los líderes charros que
venden los derechos de los trabajadores. Es indispensable que los trabajadores
de la energía, los más poderosos de los trabajadores de este país pongan en
acción su fuerza social de parar la producción de la energía y unan su enorme
capacidad de lucha a la de nosotros, sus hermanos del magisterio democrático.
Atentamente:
Profesores de la sección 22 y militantes del Partido Obrero Socialista
Si no aprovechan este momento, los van liquidar uno a uno a los sindicatos de Maestros, Pemex, Cfe y Trabajadores de la Salud. unance y demos para atrás a la Reformas que solo benefician a Peña Nieto y sus socios.
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