I. La resistencia magisterial al reacomodo administrativo del IEEPO
Desde que el magisterio se
declaró en resistencia ante el nuevo IEEPO, comenzaron las primeras medidas
para atar de pies y manos al contingente más combativo del proletariado
mexicano, una de ellas, fue el cambio en
el tipo de cobro a través de amenazas y engaños.
La primera medida, consistió en cambiar el
tipo de pago de cheque a electrónico (vía banco Santander), una vez que a
partir del 1 de enero de 2015, los pagos para el magisterio nacional los está
realizando el gobierno federal basándose en la información que le proporcionan
los gobiernos de los estados, así, el gobierno de Oaxaca y de Guerrero
reclamaron a la SEP el hecho de haber pagado las quincenas completas a los
profesores a pesar de los días en que estos se mantuvieron en paro, de tal
forma que la SEP respondió que los gobiernos locales no reportaron las faltas
ni a quién debían descontarse los días de sueldo. Antes del año 2015, el
magisterio recibía sus pagos a través del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), que el gobierno federal pagaba a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público acorde con la Ley de Coordinación
Fiscal vigente. Este mecanismo fue creado durante la época de Elba Esther
Gordillo, mediante el cual, el gobierno pagaba los favores de la mamá de
chucky; una política clásica del PRI, donde los gobiernos de los estados eran
quienes maiceaban a líderes sindicales para tenerlos a su servicio, ahí es
donde se ejercía el control de las plazas, las nóminas, los movimientos y claves.
Cada estado llevaba su registro. En el caso de
Oaxaca, el 28 de octubre de 1992 la
Sección 22 a través de su secretario general Erangelio Mendoza, logró un
acuerdo con el gobierno del priísta Heladio Ramírez, donde se daba una serie de
concesiones al magisterio para afianzar el control del estado a través de los
grupos de interés a lo interno del magisterio. Si bien puede considerarse una
conquista el hecho de que los jefes de departamento de cada nivel eran y son
todavía electos por la base magisterial a través de los congresos de cada
nivel, este mecanismo se ve enlodado por los grupos de interés que ya traen sus
amarres para todas las carteras grandes, para los relevos seccionales, incluso
para cada proceso electoral en Oaxaca, constituyendo un corporativismo sui
géneris en Oaxaca, donde los favores a los gobiernos en turno eran y son
pagados con candidaturas en los diferentes partidos electorales o algún huesito
en el poder, pues muchos profesores que ascendían en una cartera sindical, no
lo hacen para servir al sindicato o a los intereses de los trabajadores, sino
para su propio beneficio y el de sus respectivas corrientes “ideológicas”, lo
pongo entrecomillado porque no se trata más que de un amasijo de lugares
comunes y discursos aparentemente combativos y radicales. Ahora mismo el propio
Erangelio Mendoza es dirigente del PRD, en el reciente proceso electoral, nada
quedó para los que les latía su corazón por el MORENA, quienes aliados a los
grupos más putrefactos del PRD como “los chuchos” que firmaron el “Pacto por
México” y la (contra) reforma educativa ahora se dicen llamar la vanguardia del
movimiento, así también están los miembros de la Unión de Trabajadores de la
Educación, quienes incluso llevaron a Gabino Cué a Ocotlán para que los
opositores a las mineras canadienses votaran por él a cambio de que este les
cerrara el paso una vez en el gobierno; pero no se quedaron ahí, sino que se
atrevieron a llevar estas supuestas alianzas “coyunturales” a lo interno del
magisterio llamando al “voto de castigo”. Tras la toma militar del IEEPO se
atreven a llamarse redentores del magisterio cuando son ellos mismos quienes se
alían a organizaciones como el MULT que son responsables de la masacre contra
el pueblo triqui de San Juan Copala, quienes han atacado al magisterio desde el
año 2006, quienes atacaron instalaciones de radio universidad en el mismo año,
y ahora forman parte de MORENA.
Dicho esto, continuemos con el
análisis sobre los pagos al magisterio y el control que los gobiernos federal y
estatal quieren imponer al magisterio. Una vez aprobada la contrarreforma
“educativa” a nivel federal, los pagos están a cargo de la Secretaría de
Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda a través del Fondo de Aportaciones
de Nómina Educativa y gasto Educativo (FONE).
Contradicciones administrativas en el seno del poder
El 19 de mayo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB), mediante el cual se descentralizaban los pagos a los profesores
y en general, trata de la administración del presupuesto educativo en el nivel
básico, que a la letra dice:
“La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo
cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad. En
la práctica, prevalece una cierta ambigüedad en las atribuciones educativas que
conciernen a los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal. En muchos
sentidos, hemos llegado al agotamiento le un esquema de organización del
sistema educativo trazado hace ya 70 años.
A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo,
con fundamento en lo dispuesto por la Constitución General de la República y
por la Ley Federal de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las
entidades federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios
para concretar responsabilidades en la conducción y operación del sistema de
educación básica y de educación normal. De
conformidad con dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los
gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos
educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando,
en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación
preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la
educación normal, la educación indígena y los de educación especial.
En consecuencia, el Ejecutivo
Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal recibe, los establecimientos
escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo,
derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría
de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, hasta esta
fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros
utilizados en su operación.”
Resulta que en el colmo de la
ineptitud y la ignorancia de las propias leyes ya existentes, en la mal llamada
reforma educativa, se pasa de la descentralización a la centralización sin
haber abrogado la ley anterior… a tal punto que el mismo Chuayffet tuvo que
reconocer que la reforma educativa había fracasado, para poder llevarla a cabo,
era preciso volver a hacer la reforma educativa, esto le valió el regaño de
toda la cámara de diputados y de organismos empresariales como “Empresarios
Primero”. La Sección 22, pone el dedo en
la llaga quizá sin saberlo, interponiendo un amparo
colectivo ante este cambio de modalidad que finalmente ganó. Esto aparentemente
no afecta en nada a quienes se cambiaron a electrónico… pues el mismo CES ya
estaba en electrónico para no hacer filas en el banco ni tener que regresar a
Oaxaca mientras se encontraban en actividades sindicales en el Distrito Federal
u otros estados de la república.
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