Por Jesús Valdez
En nuestro país, la minería en su
conjunto genera ganancias anuales de
alrededor de 13 mil millones de dólares, por lo menos el 52% de la
producción minera en nuestro país está enfocada a la extracción de oro y plata,
los procesos de extracción son altamente contaminantes. Paradójicamente en su
conjunto esta actividad sólo aporta
el 1% del ingreso fiscal de nuestro país y paga sueldos miserables a sus
trabajadores, como ejemplo ilustrativo basta decir que de los 22 municipios en el país que
concentran la producción nacional de oro, el 76% rebasan el promedio nacional
de población en situación de pobreza extrema.
Actualmente las empresas mineras que tienen menos de 100 hectáreas
concesionadas están exentas de pagar impuestos al Estado, las que tienen arriba
de 100 hectáreas pagan 500 pesos anuales por hectárea, sin embargo, al menos un
tercio de estas empresas no pagan ni eso, ya que ni el SAT ni la Secretaría de
Economía les hacen el cobro correspondiente. En 2014 se reformó la ley minera
para ampliar el número de concesiones mineras que hoy suman 25 mil 515, abarcando en su conjunto ¡un tercio del territorio
nacional!.
Aunado a lo anterior, hay que decir
que no son sólo las mineras
trasnacionales las principales beneficiadas de este negocio, sino también
encontramos a las empresas mineras de los multimillonarios Germán Larrea y
Alberto Baillères, quienes felicitaron
a AMLO por resultar favorecido en la contienda. Al
respecto Grupo México aseguró “redoblaremos
esfuerzos e inversiones responsables con el bienestar social”.
Primera llamada e invitación al maiceo de organizaciones sociales
El 20 de enero de 2017, AMLO
propuso un decálogo
para combatir a Trump durante un mitin en Ciudad Acuña, Coahuila. En el
punto 6 propone “Promover un acuerdo
bilateral específico con Canadá para ampliar la contratación de trabajadores
mexicanos en ese país y suscribir
compromisos para lograr una mayor inversión de las empresas mineras canadienses
en México, con salarios justos y cuidado del medio ambiente.” Dicha
ocurrencia no fue pasada por alto por la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA) que el 8 de febrero lanzó un
importante comunicado en repudio al dicho de AMLO.
En el plan de
nación de AMLO 2018-2024 presentado
en noviembre de 2017, AMLO propone
(página 330) reformar la Ley Minera
y plantea la necesidad de un estudio del impacto social, ambiental y la “consulta
a los pueblos” para impugnar las concesiones que no cumplan la ley
actual y luchar por una reforma. En el discurso se oye, muy bonito y pienso que
por esa se buscará cooptar a diferentes sectores de la resistencia a través de
las tradicionales organizaciones acostumbradas al maiceo y la negociación con
los gobiernos en turno. En la vía de los hechos, estas organizaciones actúan como los
“chalanes de izquierda” de las mineras.
Es una práctica común entre las
organizaciones oportunistas en primer lugar hacer el papel de oposición a las
empresas mineras, para luego fungir como mediadores o “representantes legales”
de los pueblos para poder traicionarlos o entregar sus recursos naturales. Otra
de las tácticas de estos grupos y ONG´s consiste en después de haber organizado
algún movimiento de resistencia, hacer el trabajo de convencer a la gente o a
las asambleas comunitarias para que permitan que se instale la mina a cambio de
un porcentaje insignificante de estas empresas para los municipios en donde se
extraen minerales o realizar obras públicas a beneficio de las comunidades para
maquillar y embellecer la devastación ambiental que estas empresas dejarán en
el mediano y largo plazo. Esto bajo el pretexto de que “no hay de otra” y que
“el enemigo es muy fuerte, hay que sentarse a negociar”.
Existen muy pocas áreas naturales protegidas
En otra parte del citado documento
(pág. 335), AMLO propone “prohibir la
explotación de hidrocarburos y minerales en áreas naturales protegidas”,
mientras que una página antes se compromete a “incrementar la superficie de protección de las áreas naturales
protegidas de México y asegurar sus planes de manejo”. Y en la pág. 459
apunta que “en el caso de la minería, se
requiere que se desarrolle, pero cuidando el medio ambiente y exigiendo a los
inversionistas internacionales condiciones laborales y ambientales semejantes a
las que se cumplen en sus países de origen.”
Lamentablemente las áreas naturales
protegidas en el país son muy limitadas y aún en el caso (muy necesario) que
estas se incrementen, existe una beta
muy importante para el saqueo de los recursos naturales de nuestro país,
aún en el caso que el nuevo gobierno les cobre mayores impuestos, las ganancias
de estas empresas serán elevadísimas así como el impacto ambiental para los
pueblos, la minería y el fracking son dos de las actividades que mayor impacto
tienen sobre los ecosistemas se cuentan entre
las más destructivas del capitalismo salvaje. La apuesta de AMLO es convencer a los pueblos de los beneficios que
traerá esta actividad a nuestro país, pues el discurso del “progreso” es
parte de la “izquierda” electoral mexicana. Tendremos que poner mucha atención
en materia de hidrocarburos, pues las nuevas iniciativas de ley de MORENA van
hacia este camino. El de AMLO además de ser un gobierno neoliberal, apoyara el
despojo de los pueblos indígenas y “no indígenas”.
Segunda llamada: Iniciativa para derogar la ley agraria vigente
El 23 de octubre de 2018 Ricardo
Monreal a nombre del grupo parlamentario de MORENA presentó
una iniciativa que contempla la
abrogación de la actual Ley Agraria y la expedición de una nueva Ley para elDesarrollo Agrario, que a la letra dice desde la exposición de motivos:
Como se ha dicho, los ejidos y comunidades, son propietarios del 51% del
territorio nacional, de acuerdo con su ubicación geográfica, sus recursos
naturales y la vocación natural de las tierras, son estratégicos, por lo que
resulta indispensable promover un desarrollo incluyente, que los incorpore como
la unidad más representativa en la sociedad rural. Para ello es urgente actualizar el marco legal que los sitúen como
parte de los actores principales del desarrollo nacional; como agentes
económicos en el desarrollo de su región y del país.
Fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar el potencial de sus
tierras y recursos naturales, promoviendo el bienestar de sus familias y sus
localidades. Lo mismo para aquellos con recursos forestales, pesqueros y los
que proporcionan servicios ambientales, los
que tienen recursos no renovables asociados con la extracción minera y de
hidrocarburos, y los propicios para la generación de energías limpias o
alternativas como son la eólica o solar, o con riquezas culturales y
tradicionales. De manera similar, para aquellos con amplia capacidad agrícola o
ganadera. (Pág 4)
En el año 1992, el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional para poder
entregar los recursos estratégicos de nuestro país a los capitales privados nacionales
y extranjeros. A la par se
expidió la Ley Agraria el 26 de febrero de 1992, que
reconoce a las asambleas ejidales y comunales como máximas autoridades de los núcleos
agrarios. Al mismo tiempo, esta ley permite que por medio de la asamblea
general del núcleo se cambie el tipo de propiedad de la tierra, es decir, que
se privatice. La nueva Ley para el
Desarrollo Agrario de MORENA no cambia esto en lo sustancial, sino es una
continuación de la reforma salinista, ya que facilita los mecanismos para la
privatización de la tierra.
El 30 de octubre de 2018 la Red
Mexicana de Afectados por la Minería lanzó un
nuevo y certero comunicado donde denuncian el carácter reaccionario de dicha
iniciativa, al respecto, el abogado adherente al CNI Carlos Gonzalez García apunta que “La iniciativa
de reforma presentada por Monreal tiene como fin armonizar las disposiciones
legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética
y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones
mineras, de aguas y de bienes nacionales.”
La citada iniciativa de ley remata
para no dejar lugar a ambigüedades:
Artículo 261. El asignatario o contratista y/o el titular de los derechos
ejidales o comunales, deberán presentar al Tribunal Agrario para su validación
el contrato signado para el uso y ocupación de tierras ejidales o comunales, en
un plazo de hasta 90 días hábiles, conforme los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Energía para el caso de la industria de Hidrocarburos y de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la industria
eléctrica.
Conclusiones
Estamos en los albores de una
crisis mundial por escasez de agua, la cual es indispensable para la
vida. Tanto la minería como la fractura hidráulica (fracking) son dos de las
actividades más destructivas del capitalismo moderno. Hace un siglo y medio
Carlos Marx señalaba en un estudio sobre el capitalismo de su época (El
Capital) que “la producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica
y la combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo
tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador”. Hasta la fecha este sistema no ha perdido
su salvajismo y sigue gobernando sobre casi toda la faz de la tierra con sus
consecuencias monstruosas. A la tesis de Marx nosotros debemos añadir que el
capitalismo es un sistema tan reaccionario que ha convertido a las fuerzas
productivas en su opuesto: en fuerzas destructivas del medio ambiente y de la
vida misma.
7 de noviembre de 2018
*El presente texto fue publicado en la revista electrónica 30-30 y en la revista "Comunera" que edita "Casa de los Pueblos".
*El presente texto fue publicado en la revista electrónica 30-30 y en la revista "Comunera" que edita "Casa de los Pueblos".
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